Estaba en el canal de Con-Café en Telegram hablando en voz alta sobre los ataques y la continuada oleada de múltiples filtraciones de datos personales de muchos venezolanos que confían en las plataformas, con sus términos y condiciones y una legislación que no se pone de acuerdo para hacer valer nuestra información, porque siempre se queda incompleta.
Literalmente estoy fastidiado de que no pase nada y con algunas de estas compañías atacadas, luego de los comunicados públicos que he compartido para lectores y audiencia como otros comunicadores, simplemente silencio absoluto, cero advertencia y mantener informado a sus clientes para protegerle de posibles estafas que intentarán con esos datos filtrados.
Estamos entregando el mapa de nuestra vida en pedacitos de data, y la pregunta que me queda es: ¿quién cuida ese rompecabezas? La respuesta corta es: nadie. O bueno, casi nadie.
He visto de todo en los últimos 3 años, hay bastante trabajo en el departamento de Delitos Informáticos de la policía que trata varios casos, hasta dinero que desaparezca de cuentas bancarias. El precedente de los últimos tres años es peligroso: si se filtran los datos, no pasa nada. Las empresas se enriquecen con la data, pero no invierten lo mismo en blindarla.
1. Recuento: Empresas y filtraciones recientes (2023-2026)
Estos casos no son aislados, ¡pilas!; varios han sido documentados por organizaciones de derechos digitales y ciberseguridad, el modus operandi está ahí. Desde entes públicos hasta las apps más cool del momento. Y la reacción suele ser un comunicado tibio sin detalles, como para cumplir o, peor aún, la nada absoluta.
- Banco de Venezuela (2023): Enfrentó amenazas de filtración por parte de atacantes que afirmaban haber vulnerado sus servidores. Aunque la entidad desmintió el hackeo en comunicados oficiales, expertos en seguridad digital mantuvieron las alertas sobre la exposición de datos.
- Digitel (Febrero 2024): Es uno de los precedentes más graves. El grupo de ransomware Medusa secuestró información y, ante la negativa de pago, filtró datos personales, de empleados y contratos en la dark web.
- Movistar (Abril/Mayo 2025): Se reportó la filtración y venta de una base de datos con información de más de 3 millones de usuarios, incluyendo cédulas, nombres y números telefónicos.
- Cashea (Febrero/Marzo 2026): Recientemente se confirmó un acceso no autorizado a su plataforma. La empresa emitió comunicaciones alertando sobre riesgos de phishing derivados de este incidente.
- Metro de Caracas (Transporte subterráneo) Krece (Pago por cuotas de móviles) y Copikom (Compra por cuotas)
- Yummy (Marzo 2026): Aunque no siempre hay confirmaciones oficiales de “filtración masiva”, plataformas de consumo masivo en Venezuela han sido señaladas por su opacidad en el manejo de datos y la falta de protocolos de notificación clara ante incidentes menores.
2. “Vacío legal”: Es el diagnóstico exacto
Es como si chocaran tu carro y el culpable se diera a la fuga sin dejar ni un papelito. Venezuela no cuenta con una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto genera las consecuencias que describo:
- Normativa dispersa: El derecho se intenta proteger mediante el Habeas Data (Art. 28 CRBV) y la Ley Especial contra Delitos Informáticos, pero estas herramientas son reactivas (para castigar el delito) y no preventivas (para obligar a la protección).
- Ausencia de una autoridad de control: No existe un ente independiente al que los ciudadanos puedan acudir para denunciar el mal uso de sus datos por parte de empresas privadas.
- Sin obligación de notificar: A diferencia de leyes como el GDPR (Europa), en Venezuela las empresas no están obligadas legalmente a informar a sus usuarios detalladamente sobre una brecha de seguridad en un plazo determinado.
3. Consecuencias del precedente
El “precedente” es la impunidad digital. Al no haber sanciones económicas severas ni auditorías públicas tras una filtración:
- Las empresas no invierten lo suficiente en ciberseguridad (lo ven como un gasto, no como una obligación).
- Los datos personales se convierten en un activo comercial que circula sin consentimiento para perfiles de consumo y marketing.
- El usuario queda expuesto a estafas dirigidas (Vishing/Smishing) al conocerse sus hábitos y rutas diarias.
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